Marchas y plebiscitos

Olga Feliú

La Constitución asegura a las personas el derecho de reunión en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con lo que dispongan las normas generales sobre esta materia.

Así, si bien es efectivo que las personas tienen derecho a expresarse y a utilizar las calles, también lo es que como este uso pertenece a todos los habitantes, su utilización está reglada y un grupo de ellos no puede pretender el monopolio de este uso, en forma tal que impida el desarrollo de las actividades de la ciudad y que cause perjuicios –sin considerar ningún acto de vandalismo- tanto en el orden patrimonial de quienes se ven imposibilitados de ejercer sus actividades, como de quienes se encuentran impedidos de desplazarse para hacer trámites impostergables o incluso de la salud de quienes no pueden atenderse.

Pero tan preocupante como esa falta de solidaridad con sus semejantes, de parte de los estudiantes que se manifiestan en marchas, no autorizadas o no permitidas por la autoridad, es la reacción que ellas provocan en quienes ostentan cargos públicos, sean elegidos o designados.

En este sentido debe considerarse que la aceptación de los petitorios –casi en su totalidad- requiere de leyes, reforma constitucional incluida, y sin embargo, salvo honrosas excepciones numerosos parlamentarios manifiestan no estar dispuestos a legislar sin previa aceptación de los que marchan.

Tales planteamientos no son admisibles. Tratándose de los legisladores tales asertos son constitutivos de falta de servicio pues la misión fundamental de los integrantes del parlamento es la de legislar.

Precisamente, son los parlamentarios quienes debieran ser los actores principales en la situación de demandas estudiantiles que hoy existen. Son ellos quienes deben aprobar las leyes que piden los estudiantes y acompañantes.

Pero además, quienes marchan, también se han tomado los establecimientos educacionales, y las tomas son actos de fuerza, ilícitos y contrarios a la institucionalidad, lo que lesiona el Estado de Derecho. Esto no puede ser desconocido por las autoridades y, por ello, ninguna autoridad debiera manifestar su complacencia. Podrá haber coincidencia en las peticiones -no obstante la generalidad y vaguedad de las mismas- pero no la puede haberla con métodos que sean ilícitos o contrarios a la normalidad de las actividades.

En virtud del contrato social, el uso de la fuerza está radicado en el Estado y no en los habitantes. De otro modo se quebranta el Estado de Derecho.

Ahora bien, entre las reformas constitucionales que propician los estudiantes y que recogen algunos parlamentarios, se incluye la ampliación del plebiscito para resolver los temas planteados.

Si bien el plebiscito, o consulta al pueblo con carácter vinculante, aparece a primera vista como la manifestación más efectiva de la democracia, como lo demuestra la historia, es el medio de que se valen las dictaduras para mantenerse en el Poder y obtener las decisiones más trascendentales en el orden institucional. Así ha pasado en Venezuela y muchas veces en Cuba.

Pero además, que lo propongan actuales parlamentarios, cuya representación les ha confiado el pueblo, es una manifestación de desinterés o de derrota sobre el valor de sus propios esfuerzos.

Por otra parte, no resulta posible asimilar la consulta popular sobre la construcción de una plaza o de estacionamientos, a temas complejos como son los educacionales.

Así, contrariamente a lo sostenido por algunos parlamentarios, la sede de discusión del tema educacional es el Parlamento.

Los partidos y los dirigentes políticos recobrarán el prestigio que legítimamente les corresponde cuando sean capaces de deponer las diferencias que los separan, en pro del progreso y la estabilidad del país.

El desenvolvimiento normal de las actividades de la comunidad requiere que exista estricto apego a las normas que rigen la convivencia social, por ello, ha llegado la hora de los grandes acuerdos políticos en virtud de los cuales se logre la paz social, el mejoramiento de la educación, todo ello con riguroso apego a las normas que rigen la convivencia social.